En los últimos dos meses, el número de personas en México que pretenden borrar alguna información privada de Internet a través del servicio de despachos privados especializados en este tema se ha más que triplicado, principalmente entre políticos y el sector privado, lo que da muestra de la relevancia que cobra en el país el tema de derecho al olvido.
A través de los servicios de borrado en Internet, personalidades y figuras públicas buscan eliminar toda huella que les implique una mala imagen y afecte en su carrera o vida privada.
Si bien en la legislación mexicana no se hace referencia al “derecho al olvido”, la Ley Federal de Protección de Datos Personales dedica un capítulo a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), que permite a cualquier ciudadano solicitar que se borre su información en cualquier fuente.
“México se sitúa entre los tres países con más solicitudes para borrar información. Tenemos en promedio 250 solicitudes al mes. El número de clientes a nivel banca privada, empresas y políticos sigue creciendo en el país”, comentó Dídac Sánchez, presidente y fundador de Eliminalia.com, en entrevista telefónica con 24 HORAS.
Destacó que estas solicitudes son en su mayoría de personas jurídicas, políticos, ex funcionarios y la banca privada. El servicio puede costar desde mil hasta 200 mil euros.
La empresa española lleva operando en el país unos ocho meses, pero desde abril pasado, cuando abrió una oficina en la Ciudad de México, ha visto su mayor crecimiento al pasar de una cartera de 69 clientes a más de 300, según comentó a este diario Dídac Sánchez.
A un día de que los ministros de la Unión Europea llegaran a un acuerdo sobre un reglamento de protección de datos personales, que reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos en la región a reclamar que se borre de Internet su información personal perjudicial y no pertinente, el empresario destacó que México es uno de los principales mercados para este nicho.
En entrevista previa, Areli Cano, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó que los derechos de ARCO representan una normatividad de avanzada desde el punto de vista constitucional y legal, “porque garantizan un derecho humano”.
Estos pueden aplicarse siempre que se considere que los datos que se solicitan sean borrados afectan a la honra o vida privada del usuario. Sin embargo, el tema se complica cuando se trata de un personaje público, pues también existe el derecho a la información.
Finalmente, Dídac Sánchez opinó que el acuerdo logrado en Europa será un parteaguas a nivel mundial para facilitar que los ciudadanos de a pie puedan acceder fácilmente al derecho al olvido.
Información: 24-horas
