CIUDAD DE MÉXICO.- Un supuesto centro de espionaje en donde se intervenían llamadas telefónicas, instalado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, fue cateado por la Procuraduría General de la República (PGR), informó la dependencia.
Se detalló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden otorgada por un juez federal especializado en cateos e intervenciones telefónicas, en un departamento ubicado en el noveno piso de un edificio de la calle Campos Elíseos.
Los agentes aseguraron, entre otros equipos, siete equipos de radio comunicación, tres unidades centrales de proceso, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete tabletas, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología
La PGR explicó que la diligencia se realizó en atención a una denuncia, por lo que se investigó la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas, previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal.
Durante el cateo se aseguró en el departamento un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de tres y media pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades.
También fueron decomisados dos discos duros internos de computadoras, diez equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.
Los elementos de la AIC que participaron el cateo reportaron que también se aseguraron siete equipos de radio comunicación, tres unidades centrales de proceso, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete tabletas, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología.
De acuerdo con los investigadores, algunos de los equipos encontrados se pueden utilizar para acciones de intervención de llamadas privadas.
El Código Penal Federal establece una sanción de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de salario mínimo de multa a quien intervenga comunicaciones privadas, sin mandato de alguna autoridad judicial competente.
La PGR informó que todo el equipo y los accesorios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para el seguimiento de las investigaciones.
Información:Excélsior
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