MEXICO, D.F. (apro).- Para frenar la “ordeña” ilegal de ductos de gasolina y diesel, que ha representado un daño patrimonial de más de 2 mil millones de dólares, el Senado aprobó por 80 votos a favor y siete en contra la “Ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos” y que cataloga estos ilícitos como delincuencia organizada y establece penas que llegan hasta 35 años de prisión.
Las sanciones se establecerán de manera proporcional al daño causado y se considerarán responsables a todos los que participen en la extracción y venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos.
La norma establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo a quienes participen en la venta ilegal de gasolina y gas LP.
El dictamen establece que el daño patrimonial para la industria ascendió en 2011 a 23 mil 970 millones de pesos; en 2012, la cantidad se elevó a 33 mil 200 millones de pesos. Entre 2013 y 2014 estas cifras se calculan en 15 mil 300 millones.
El senador del PRI, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que tan sólo el año pasado se habló de un daño de 2 mil millones de dólares que se generó al erario nacional por este delito.
“Se cree y hay datos de que las bandas del crimen organizado y los cárteles de la droga han establecido una línea completa de acción en esta materia de sustracción y robo de hidrocarburos por las grandes ganancias que arrojan”, afirmó Fayad.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, argumentó a favor de la iniciativa. Sostuvo que hubo avances importantes en esta ley, en especial, modificaciones para que se exentara de la clasificación de sabotaje a las manifestaciones e inconformidades en contra de la privatización del sector energético.
“Este es uno de los primeros parches al modelo legal surgido de la reforma energética que pone en evidencia que ésta fue insuficiente”, afirmó Padierna.
Por su parte, la senadora María del Pilar Ortega, del PAN, descartó que la nueva ley aliente un régimen especial a favor de las empresas privadas. Afirmó que también se dará mayor certeza jurídica a los mexicanos y se garantizará la protección del patrimonio del Estado.
Información: Proceso
