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Culiacán, Sinaloa. Representantes del sector empresarial visitaron hoy las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de Sinaloa, a invitación del Gobernador del Estado, Mario López Valdez, acompañado del Gabinete de Seguridad Estatal, en un encuentro que tuvo como objetivo mostrar los avances y resultados que se han alcanzado en los casi 6 años de su gobierno.
Encabezados por el Presidente de la Intercamaral, Julio Cesar Silvas; el titular de Fecanaco, Guillermo Romero Zazueta, y la Presidenta Nacional de AMJE, Ana María Sánchez; el gobernador del estado expuso que a cuatro meses de concluir su administración se trabaja intensamente para mantener a la baja la tendencia en la comisión de los delitos de alto impacto en Sinaloa.
Reconoció que existe un forcejeo entre grupos delictivos en el sur del estado, lo que obligó al reforzamiento operativo y una mayor presencia policial en la zona, particularmente en Mazatlán, y a pesar a que está por concluir su mandato, mantendrá firme su compromiso hasta el último día de su gobierno para no ceder paso a la delincuencia.
Recordó que a inicios de 2011, la crisis de seguridad que heredó la actual administración hizo prioritario el rediseño de una estrategia integral de seguridad enfocada a la inversión, pero sobre todo, a reducir considerablemente la tendencia en los índices delictivos, mejorar el equipamiento, la capacitación y las condiciones de nuestras policías.
Se encontró con un escenario adverso en el que la tendencia delictiva mantenía un incremento del 269 por ciento en la comisión de los delitos de alto impacto, mientras que en su administración, delitos como el homicidio doloso registran una tendencia a la baja del 53 por ciento, con respecto a 2010; ubicándose actualmente Sinaloa en la sexta posición nacional, como el estado con la mayor reducción en homicidios del país.
El mandatario estatal expuso que de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de junio de 2016, Sinaloa se ubica en el lugar 22, siendo el décimo primer estado con menor número de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes.
Detalló que para mediados del presente año, comparativamente con 2010; delitos como el robo de vehículos se redujeron en 55 %, el robo bancario 71 %, robo a casa habitación 47 %, el robo a negocios 28 %, por mencionar algunos.
Se incrementó el estado de fuerza de las policías estatales y se mejoraron sus condiciones laborales, pasando del lugar número 29 al tercero, como la policía mejor pagada del país.
López Valdez indicó que al cierre de su administración se habrá duplicado la inversión en infraestructura y equipamiento policial con más de 17 mil 800 millones de pesos, que se reflejan en corporaciones más comprometidas en el combate a la delincuencia.
Destacó que a la fecha se tiene ya un 100 por ciento de avance en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, con la construcción de los 4 nuevos centros en Los Mochis, Angostura, Mazatlán, y recientemente Culiacán.
A ello se suma el fortalecimiento de la tarea científica de investigación pericial con la reciente inauguración de los laboratorios de genética y balística forense, a los que se equipó con vehículos, ambulancias y más, con lo que Sinaloa se coloca a la vanguardia en materia de investigación de hechos criminales y consolida la correcta aplicación del este nuevo sistema de justicia penal.
El mandatario dijo que por primera vez, Sinaloa cuenta con un complejo estatal de seguridad pública, el c4i; con mayor y mejor equipamiento, pues de 24 patrullas en malas condiciones con las que se contaba en 2010, hoy se tiene más de 280 vehículos policiales, entre los que destacan 6 Tiger de alto blindaje, 2 helicópteros, armamento nuevo y moderno.
Recordó que en la presente administración se construyeron los nuevos edificios de las subprocuradurías y sus centros de mecanismos de solución de controversias en las regiones centro norte y norte, así como este nuevo edificio de la unidad antisecuestros, antes Cocosin, equipado con tecnología de punta, lo que ha permitido mejorar las condiciones de trabajo del personal, y la calidad en la atención de las victimas u ofendidos del delito.
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