Culiacán, Sinaloa.- La Ley de Obras Públicas generará mayor transparencia en el uso de los recursos gubernamentales al integrar un nuevo comité y definir claramente aquellas obras donde habrá excepciones en materia de licitaciones, consideró la Diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, al expresar a nombre del grupo parlamentario del PRI su respaldo.
De manera muy especial, destacó que en la modificación propuesta por la comisión respectiva y la de Puntos Constitucionales y Gobernación queda claramente establecido que los recursos económicos federales, estatales y municipales, destinados a la obra pública, se tienen que administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
También señaló que se posibilitará hacer un seguimiento detallado de cada proyecto en sus diversas etapas, y la sociedad tendrá toda la información necesaria para evaluar las acciones públicas en este tema.
“Las reformas propuestas a la Ley de Obras Públicas logran un objetivo que es fundamental y de mayor interés para todos: garantizar que exista un marco competitivo y totalmente transparente para la contratación y ejecución de obras públicas en el estado de Sinaloa.
“Y para lograr este propósito, se incluye la modificación en la forma de operar del Comité de Obras, y también se redefine su integración. De igual manera, en el caso de la contratación, se elimina el procedimiento de invitación restringida, para dejar únicamente la licitación y la adjudicación directa.
Inzunza Valenzuela aclaró que hubo varios puntos divergentes en la discusión de la propuesta, pero a través del diálogo y del intercambio de opiniones, finalmente se pudo llegar a los acuerdos que redundarán en una mayor rendición de cuentas que pondrá fin a todo tipo de suspicacias, justificadas o no, en torno a la realización de la obra pública.
Esta Ley, señaló, incorpora acciones de planeación, programación, cálculo, diseño, presupuesto, contratación, adjudicación, gasto, ejecución, supervisión, conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas que realicen tanto el Gobierno del Estado, como los gobiernos municipales.
“Estamos plenamente confiados en que, con estas reformas de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se convertirá en un instrumento jurídico muy útil para multiplicar la inversión en infraestructura e impulsar el desarrollo económico, social y productivo en las diversas regiones y municipios de nuestra entidad”, dijo.
