El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 419 votos en favor, cero en contra y 23 abstenciones, reformar el Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para castigar el uso de drones para cometer delitos.
Tras ser aprobada, fue enviada al Senado de la República para que continúe su proceso legislativo.
La propuesta establece que se impondrá penas de prisión que van de los cinco y hasta los 40 años de prisión a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que impacten a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
La pena de cinco a 10 años será para quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
También que se le impondrá una pena de prisión de tres a 10 años a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, para vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra.
La diputada Rosangela Amairany Peña, de Morena, señaló que los drones han sido utilizados por el crimen organizado para hacer labores de vigilancia, tráfico de drogas y ataques con explosivos.
De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas mexicanas, en el país se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
La diputada Rosangela Amairany Peña, de Morena, señaló que los drones han sido utilizados por el crimen organizado para hacer labores de vigilancia, tráfico de drogas y ataques con explosivos.
De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas mexicanas, en el país se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
En contraparte, el diputado Braulio López Ochoa, Movimiento Ciudadano, aseguró que esta reforma no es la respuesta correcta para combatir dicho el delictivo, y por ello su grupo parlamentario votaría en abstención.
Y ya existen varias normas que regulan la venta de drones, y esta reforma deja abierta la posibilidad de criminalizar el ejercicio periodístico, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha invalidado diversos tipos penales similares.
“Se debe optar por una mayor regulación, y dar mayores presupuestos para darle seguimiento a este tipo de conductas que pudieran convertirse en un delito”, señaló.
Con información de El Universal
