La Cámara de Diputados aprobó con 477 votos, una abstención y cero en contra, el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al uso de menores de edad por parte de la delincuencia organizada.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que, en las medidas de reintegración social y familiar de adolescentes, se deberá considerar que, en el caso de personas menores de edad procesadas o sancionadas por delincuencia organizada, la reintegración incluirá medidas para garantizar su protección, supervivencia y reinserción hasta que cumplan 18 años.
Añade que, en el caso de las audiencias de individualización, cuando se trate de personas menores de edad procesadas por delincuencia organizada, el juez definirá los mecanismos que se dispondrán para su reintegración.
En el artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se establece que las penas, contempladas en el artículo 4, aumentarán hasta en una mitad cuando se involucre a los menores de edad, con cualquier grado de intervención, en su comisión.
El documento precisa que el uso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada prácticamente comenzó en paralelo a la profundización de la consabida violencia que resultó del enfrentamiento a los carteles del narcotráfico; sin embargo, este problema no se visibilizó en forma determinante hasta 2010, cuando fue detenido en un operativo un menor de 14 años que fue capturado por la delincuencia organizada a los 12 años mientras intentaba abordar un avión a los Estados Unidos.
Menciona que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hasta 300 mil niñas y niños en todo el mundo están asociados a fuerzas y grupos armados en los conflictos. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirma que no existen estadísticas oficiales sobre el número y el tipo de delitos cometidos por los niños y las niñas involucradas en el crimen organizado.
Tampoco se sabe cuántos se encuentran involucrados en dichas organizaciones, aunque cálculos de la academia ubican esta cifra tentativa en 30 mil menores de edad reclutados por la delincuencia organizada.
Añade que es evidente que el uso de personas menores de edad por parte de la delincuencia organizada es un fenómeno que aqueja a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, sus especiales circunstancias se ven agravadas por la falta de oportunidades de empleo y de condiciones de vida aceptables.
Garantizar reinserción social de niñas, niños y adolescentes
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), expresó que el objetivo es garantizar la reinserción social de niñas, niños y adolescentes que hayan sido reclutados por la delincuencia o el narcotráfico.
Indicó que, aunque no se tienen estadísticas claras de esta situación, se estima que más de 30 mil niñas y niños están siendo reclutados por la delincuencia o el narcotráfico. Los tienen de cocineros, mensajeros, halcones e incluso como esclavos sexuales, aseveró.
El Estado mexicano, dijo, debe garantizar su reinserción. “No podemos permitirnos perder a las niñas y a los niños del país; si perdemos a nuestra niñez, perdemos el futuro de México”.
Macías Olvera argumentó que los programas sociales sirven para abatir este tema, pero no son suficientes. Para prevenir que caigan en las manos de la delincuencia, abundó, se necesitan oportunidades en igualdad de condiciones.
Subsanar vacíos en readaptación social
El diputado Bernardo Ríos Cheno (Morena) afirmó que la delincuencia es un tema de preocupación de todos los países del mundo, ya que es un síntoma de desigualdad en las sociedades y el crecimiento de la delincuencia ha costado miles de vidas, desintegración de las familias y fragmentación del tejido social.
Destacó que el dictamen busca subsanar vacíos en materia de readaptación social e impulsar acciones para el contexto social y familiar una vez que han cumplido su pena los menores de 18 años recluidos en centros penitenciarios, ya que “la delincuencia ha concentrado su atención en la niñez para reclutarla y obligarla a participar en la comisión de delitos”.
