La Audiencia Intermedia de este miércoles 24 de abril no tenía razón de ser porque no se cumplía el plazo estipulado por ley y porque hay un amparo pendiente interpuesto por los imputados en contra del auto de vinculación, informó el doctor Milton Ayala Vega, abogado defensor del Rector Titular, doctor Jesús Madueña Molina.
Al salir de la Sede de Justicia Penal, Ayala Vega indicó que, si bien se presentó un justificante médico para argumentar la inasistencia de Lizárraga Otero, este documento solo es un accesorio a las dos causas que realmente impedían que se llevara la audiencia.
“La primera: no se podía llevar a cabo porque la Ley, el artículo 340 del Código Nacional (de Procedimientos Penales) establece ciertos lineamientos para que el imputado, en este caso el doctor Madueña y Robespierre tienen que hacer frente a esta etapa, esos 10 días corren a partir de que te notifican, la notificación del doctor Robespierre fue el 11 de abril, entonces si sacas cuentas en días hábiles (…) se vence hasta pasado mañana entonces esta audiencia no se debió haber programado”, dijo.
Indicó que la segunda causa es que hay un amparo de Madueña Molina pendiente por resolverse en el Juzgado Primero y otro de Lizárraga Otero en el Juzgado Segundo.
“Esos amparos de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no se puede dictar el auto de apertura a juicio hasta en tanto el Juez de Distrito resuelva ese juicio de amparo, en ese sentido era ocioso estar aquí, pero sabemos que lo que quieren es semana tras semana tenernos aquí, hace ya casi un año que no ha habido una sola semana salvo la de Semana Santa y la de Navidad que no hemos estado en esta Sede Judicial”, expresó.
Precisó que el presunto delito de abuso de autoridad tiene su origen en el tema de la auditoría de recursos propios que la Auditoría Superior del Estado quiso practicar en la UAS.
“La Universidad jamás ha dicho que no la pueden auditar, lo que ha dicho es quién la puede auditar (…) si son recursos federales cuando llega la Auditoría Superior de la Federación se le abren todas las puertas; cuando son recursos estatales, como fue este año llegó y se le abrieron las puertas a la Auditoría Superior del Estado, eso no lo cuentan”, externó.
Agregó que siempre han dicho y sostenido es que los recursos autogenerados son auditados por un despacho nombrado por la Contraloría Social y aprobado por el Consejo Universitario y lo que los tiene en audiencias es por defender el Derecho, por ello es que aseguran que el acto ilícito lo está cometiendo la Auditoría Superior del Estado porque a sabiendas de que no tienen competencia para auditar en específico esos recursos siguen manteniendo en pie el proceso penal.
