Alrededor de la mitad de las exportaciones de cocaína de Perú han salido del país hacia el este, a través de este puente aéreo, según la Policía, desde que esta nación andina pasó a ser la principal productora mundial de la droga en el 2012.
El Gobierno peruano no hace mucho por impedir ese flujo de drogas. Fiscales, policías antinarcóticos, ex oficiales de las Fuerzas Armadas y agentes antidrogas de Estados Unidos activos y en retiro dicen que, si bien abunda la corrupción en Perú, la plaga de narcovuelos es posible por la desidia de los militares, ya que controlan la remota región selvática del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocida como VRAEM.
Wilson Barrantes, General retirado del Ejército que denuncia desde hace tiempo la corrupción de los militares generada por el narcotráfico, dijo que darle a esas fuerzas el control del valle “es como poner a cuatro perros callejeros a cuidar a un plato de bistec”.
El viceministro de Defensa Iván Vega, que dirige las operaciones de contrainsurgencia en la región, expresó que no tiene conocimiento de ningún oficial militar bajo pesquisa.
“La corrupción existe, pero nosotros estamos siempre pendientes”, expresó.
“Si sabemos de alguien, pues le vamos a caer con todo”.
Una investigación de The Associated Press, no obstante, comprobó que los narcovuelos han sido cargados con drogas en pistas, algunas a minutos por aire de bases militares, en el remoto valle, donde casi no hay caminos y del que salen unos dos tercios de la cocaína peruana.
Videos muestran aviones que aterrizan en pistas clandestinas en la selva. Agentes de unidades antinarcóticos especiales de la policía captaron en video las escenas desde colinas cercanas, pero no pudieron intervenir porque no tenían suficiente apoyo, según dos agentes que suministraron las grabaciones pero declinaron ser citados por temor a perder sus trabajos.
La cocaína parte en pequeños aviones Cessna 206, con cargamentos valorados en al menos 7.2 millones de dólares en el exterior.
Son operaciones que toman diez minutos, llevadas a cabo por lo general apenas sale el sol y rigurosamente planificadas.
Una docena de “mochileros” se presentan en la pista cuando se acerca la aeronave. Hombres armados con fusiles custodian el lugar. Se baja el dinero, se carga la droga en la cabina, el motor vuelve a rugir y el avión parte otra vez.
Un piloto acusado de narcotráfico aseguró que los comandantes militares locales cobran 10 mil dólares por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste.
La preocupación por los narcovuelos impulsó al Congreso a aprobar una ley en agosto que autoriza abrir fuego contra ellos. Pero hay quienes dicen que el Gobierno no tiene voluntad política de combatir a los narcos porque desistió inexplicablemente de comprar e instalar radares modernos.
Una guerra ‘distorsionada, incoherente e inerte’
Cuando el Presidente Ollanta Humala llegó al poder en el 2011, dijo que la lucha contra el narcotráfico sería una de sus prioridades.
Su Gobierno ha destruido cantidades récord de hoja de coca, ha gastado en erradicación más de 60 millones de dólares y es apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea.
En un discurso del día de la independencia, el 28 de julio, cuatro años después de haber asumido, este ex teniente coronel aseguró que el narcotráfico en el valle había sido contenido.
“Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el VRAEM”, sostuvo entonces Humala.
Sus detractores, sin embargo, afirman que lo único que se hizo fue permitir que la mayor parte de la producción de cocaína se traslade al valle, donde no hay campañas de erradicación y la vigilancia de las autoridades es escasa.
Humala también destaca más de 550 misiones para generar enormes agujeros en pistas clandestinas como si fuese un triunfo, pero el director de la Policía general Vicente Romero ha dicho varias veces que los traficantes llenan en pocos días los cráteres que dejan las voladuras.
La procuradora antidrogas Sonia Medina dijo en una entrevista que el narcotráfico fue de mal en peor bajo el mando de Humala al corromper a políticos, al sistema legal, a la Policía y a los militares.
“No hay una política coherente”, expresó.
“¿Qué estamos haciendo con la lucha antidrogas? (Es) algo completamente distorsionado, incoherente, inerte”.
Los esfuerzos de Perú para combatir el narcotráfico palidecen comparados con los de Colombia, el segundo mayor exportador de cocaína.
Perú confiscó un promedio de 28 toneladas de cocaína o pasta de coca al año entre el 2011 y el 2014, comparado con las 170 toneladas que incautó Colombia o socios con base en la inteligencia colombiana.
Para Perú, eso representa menos del 10 por ciento de su producción potencial. Para Colombia es más de la mitad, según estimados de Estados Unidos.
Mientras que Colombia ha estado arrestando sistemáticamente a los principales narcotraficantes en la última década, y extraditando a muchos a Estados Unidos, donde reciben prolongadas sentencias, Perú no ha detenido ni enjuiciado a un solo capo del narcotráfico desde el 2005.
La Policía antinarcóticos peruana opera con un presupuesto anual de 12 millones de dólares y no cuenta con aviones ni helicópteros. La colombiana, por su parte, dispone de 45 millones de dólares y de unos 50 aviones y 70 helicópteros, incluidos Blackhawks.
En Perú se formó una comisión legislativa especial para investigar la infiltración del narcotráfico en la política después de las elecciones regionales y municipales en octubre pasado, en las que Medina contó unos 700 candidatos que estaban siendo investigados o habían sido hallados culpables de colaborar con el narcotráfico.
Su Presidenta, la congresista Rosa Mavila, dijo que el Gobierno de Perú corre peligro de caer en manos de los narcos.
“No es aún un narcoestado; está en riesgo de serlo”, afirmó Mavila en una entrevista.
Un Ejército cuestionado
En el valle de la cocaína rige un estado de emergencia desde hace nueve años por la continua presencia de rebeldes de Sendero Luminoso que trafican drogas, quienes han matado más de 30 policías y soldados durante la gestión de Humala.
La Policía dice que Sendero es solo uno de los 15 grupos narcotraficantes que operan en el valle y ha sido reducido a 60 combatientes.
Sin embargo, el Gobierno afirma que si destruye cocales en el valle provocaría a una reacción armada.
“Sería muy estúpido de nuestra parte que vayamos a querer erradicar. Más bien lo que vamos a fomentar es la captación de personal para Sendero”, dijo Vega, el viceministro de Defensa.
Hay unos 6 mil soldados distribuidos a lo largo de más de 30 bases, supuestamente para combatir el narcoterrorismo.
Por ley, las operaciones antinarcóticos son llevadas a cabo por menos de mil policías en el valle. Pero los agentes antinarcóticos dependen de los militares para el transporte aéreo y muchos se quejan de tener que hacer misiones conjuntas con los soldados.
En documentos y testimonios, la Policía y los fiscales antidrogas cuestionaron la confiabilidad de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos recuerda haber preguntado por las pistas clandestinas en 2013, en un encuentro con oficiales de las Fuerzas Armadas.
“Les explicamos que queríamos entrar a esas pistas”, rememora la fuente, que habló a condición de no ser identificada por temor a represalias.
“Ellos sacaron sus mapas donde tenían conocimiento de que habían pistas por acá, pistas por allá. Pero nunca nos informaron de todo esto”.
Se sospecha también que se estaban filtrando datos de inteligencia a los traficantes.
Cuatro fiscales antidrogas denunciaron esas filtraciones en una carta escrita en mayo del 2014 a su jefe. Tres veces compartieron información con los militares acerca de cuándo y dónde aterrizarían los vuelos con drogas, señalaron.
En todos los casos, los aviones jamás aparecieron. Una cuarta vez se guardaron la información y actuaron con apoyo de la Policía.
Capturaron al piloto y el copiloto murió en un tiroteo. Se incautaron 357 kilos de cocaína y 5 mil 500 dólares en efectivo. La operación de marzo del 2014 fue la única de los últimos dos años en la que se capturó al piloto, las drogas, el dinero y la aeronave.
“Ningún avión viene sin medio millón de dólares por lo menos para pagar la droga, para pagar las pistas y para corromper a las autoridades”, comentó el piloto acusado de narcotráfico.
“Es todo negociado invisible”, sostuvo el investigador independiente Jaime Antezana, quien dice tener información de primera mano de gente que tiene miedo de dar la cara en público.
“Incluso, en plena destrucción de pistas se cobran cupo”, agregó, usando un término local que significa coima.
Antes del auge de narcovuelos, los militares enviaban gente al valle como castigo por alguna transgresión, indicó Víctor Andrés García Belaúnde, legislador opositor y sobrino del finado presidente Fernando Belaúnde.
“Pero finalmente ha resultado ser rentable estar en el VRAEM y hoy en día hay oficiales que piden ir al VRAEM”, señaló.
Información: La Razón
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