México.- Francisco Peñaloza Heras, juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, revocó hoy la orden dictada hace dos años, que prohibía la liberación al ambiente de maíz transgénico.
Con dicha resolución quedan sin efectos las medidas cautelares dictadas el 17 de septiembre de 2013 por el juez Guillermo Campos Osorio, quien prohibió tanto al Gobierno federal como a las empresas del sector agroindustrial “realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de OGM del maíz o efectuar procedimientos tendentes a la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) del maíz”.
Ante ello, la empresa estadounidense Monsanto, una de las mayores productoras de OGM a nivel mundial, promovió un amparo donde alegó que el juez Campos invadió atribuciones de la Sagarpa y violó el Código de Procedimientos Civiles.
Ello, abundó, debido a que otorgó las medidas cautelares tomando en cuenta solo los argumentos del grupo encabezado por la ingeniera agrónoma Adelita San Vicente, que presentó la acción colectiva contra los OGM.
Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil otorgó el amparo a Monsanto el pasado 29 de junio, con el fin de que el juzgado de distrito “cumpla con su deber de recabar la opinión de los órganos y organismos legalmente competentes, para reunir los mayores elementos posibles que le permitiesen dilucidar la procedencia o no de otorgar la medida cautelar”.
Pese a ello, el tribunal colegiado enfatizó que mientras se recababan estas opiniones, debe seguir vigente la prohibición de liberar maíz transgénico, “por ser la forma más viable de prevenir un posible daño irreparable a la sociedad y la flora, en este caso, los maíces nativos de este país”.
Aunque el juez Peñaloza Heras no publicó la sentencia notificada este miércoles, los registros del juzgado indican que se recibieron opiniones de la Facultad de Ciencias, el Posgrado en Desarrollo Rural y el Laboratorio de Genética Molecular, Epignética, Desarrollo y Evolución de Plantas, todos de la UNAM.
También de la UAM Xochimilco y de múltiples asociaciones ganaderas y agrícolas, además del Consejo Nacional Agropecuario.
Aunque el juez revocó las medidas cautelares, seguirá en curso la acción colectiva promovida por el grupo que encabeza la ingeniera agrónoma Adelita San Vicente, que solicita al juez declarar que “la existencia de OGM de maíz en lugares y actividades donde no ha sido legalmente permitido ni autorizado, implica el menoscabo del derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos”.
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fuente: Reforma