Culiacán, Sinaloa.- El fraude cometido por Jesús Valdes al Ayuntamiento de Culiacán, puede tipificarse como delincuencia organizada, pues fue una acción concertada, pensada y planeada para fraudear a la comuna, y donde Fernando Pucheta y Álvaro Ruelas, alcaldes de Mazatlán y Ahome, se coordinaron para robar el dinero de sus respectivos ayuntamientos, por una cantidad que pudiera alcanzar los 500 millones de pesos en total.
Así lo expresó Sergio Torres, precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sinaloa, quien afirmó que esta semana presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, para que se integren las carpetas de investigación correspondientes, se tipifiquen los delitos y se castigue a los responsables.
Mostrando documentos, obtenidos a través del sitio www.armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx, señaló que del primero de enero al 31 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento presidido por Jesús Valdes, recibió un ingreso de 3 mil 531 millones de peso, de los cuales 221 millones de pesos corresponden a apoyo financiero otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, con fondos federales, sin estar contemplados en la Ley de Ingresos, ni en el presupuesto correspondiente a ese ejercicio, en tanto que los Ayuntamientos de Mazatlán y Ahome, recibieron cada uno, 150 millones de pesos por el mismo concepto.
Presentó también copia de los depósitos correspondientes a las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Culiacán, y que además de los 18 millones de pesos pagados por un software que en realidad cuesta menos de 500 mil pesos, se pagó a empresas de ciudad de México: 28 millones de pesos a Corporativo Tomate, por concepto de digitalización de documentos, el 4 de diciembre del año referido.
Hizo dos pagos Jesús Valdes, cada uno por 13 millones 600 mil pesos (26 millones 600 mil pesos), a la empresa Soluciones Corporativas Karen, también de ciudad de México, para hacer un total, hasta el momento, de 90 millones de pesos, en acciones a todas vistas fraudulentas.
Puntualizó el precandidato, con documentos en mano, que otra prueba del dolo en estas actuaciones se comprueba en las declaraciones de ingresos que deben hacer cada trimestre los Ayuntamientos, por Ley, tanto en la página de transparencia como a la de armonización contable de gobierno estatal, donde el tercer trimestre se presenta totalmente desglosado, y el cuarto trimestre, cuando ingresan estos 221 millones 600 mil pesos, se presenta en forma concentrada para ocultar origen y destino del dinero.
