El 14 de abril, el MAG recibió un cargamento de 33,000 toneladas métricas de maíz blanco procedentes de Sinaloa, México, según dijo ese día a diversos medios el ministro de Agricultura, Pablo Anliker.
Siendo El Salvador productor de maíz, a diputados como Rodolfo Parker, del PDC, les llama la atención que, en vez de que el Gobierno compre ese producto de la canasta básica a los agricultores nacionales, prefiera importarlo desde Sinaloa, México, ciudad que no es reconocida por cultivar maíz y que, aunado a eso, siga solicitando más importación de miles de toneladas de arroz y frijoles libres de impuestos.
“Trajo un maíz de Sinaloa, México, (Ministerio de Agricultura) no sabía que en Sinaloa producen maíz, solo había oído de otras cosas”, se pregunta extrañado Parker.
Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, informó en abril pasado que fueron 33,000 toneladas de maíz las que el Gobierno importó desde México. Según dijo, con solo el anuncio de la importación el precio por quintal que se paga a los productores locales bajó $1.50. Antes estaba a $19 y luego cayó a $17.50 cuando el costo de producción por quintal ronda en $16.25.
A la inquietud de Parker se suma la diputada Yanci Urbina del FMLN, a raíz de la petición del ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anliker Infante. Urbina explicó que les ha solicitado aprobar de nuevo una exoneración de impuestos para introducir a El Salvador 30,000 toneladas de frijoles y 10,000 toneladas de arroz.
“Esto nos parece bastante excesivo y habíamos requerido la presencia del ministro (de Agricultura) para que explique la razón por la cual solicita esto, teniendo en cuenta que en mayo también fue aprobada la exoneración de impuestos para la importación de estos productos, además del maíz”, sostuvo Urbina.
Pero Anliker no compareció este lunes ante los diputados de la Comisión de Hacienda para aclarar el motivo de la importación de granos básicos libre de aranceles, cuando los agricultores han afirmado anteriormente que la cosecha del año pasado es suficiente para abastecer la demanda de los productos y que no existe escasez. “El ministro no se presentó y tampoco ha enviado la información”, lamentó Urbina.
La “excesiva” importación de granos básicos sin impuestos no es lo único que los legisladores quieren abordar con Anliker y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes; Parker dice que también quieren ahondar con el titular del MAG sobre el desvío de $7 millones del pago de salarios de los empleados de esa institución para completar $23 millones que ya usó sin autorización de los diputados para darle otro destino al dinero del presupuesto ya establecido en el gasto de la Nación de 2020 para Agricultura.
“También hemos solicitado información de la transferencia solicitada por Hacienda de $23 millones para el mismo propósito de comprar paquetes alimenticios, esto entra en contradicción con el fondo que ya fue reportado a la Asamblea por parte de Hacienda, donde le han transferido para ese mismo propósito $55 millones, ese tema está pendiente que el ministro (Anliker) explique en qué ha invertido o como ha invertido esos $55 millones que ya fueron entregados para el mismo propósito de los paquetes alimenticios”, añadió Urbina.
Para Parker lo actuado por el titular de Agricultura se podría considerar que entra al ámbito penal por la violación a la Constitución y a la ley AFI (ley Orgánica de Administración Financiera del Estado). “Del mismo Ministerio (de Agricultura) tomó dinero, tiene doble gravedad, porque aparte de que ha violado la Constitución, no pueden tomar dinero si no hay un crédito presupuestario para hacer contrataciones, significa que, si no está en el presupuesto autorizado por la Asamblea conforme al artículo 132 numeral 8 de la Constitución, tampoco podían haberlo hecho porque la misma ley AFI se lo prohíbe de forma explícita”, apuntó Parker.
La Corte de Cuentas también ha hecho observaciones al MAG por la falta de información sobre los paquetes alimentarios y granos básicos. El ente contralor no ha podido auditar esos gastos porque Anliker argumenta que el personal de compras se ha contagiado de COVID y no hay quien haga los informes.
