Culiacán, Sinaloa.- La mayoría de Morena, integrante de la comisión de Fiscalización, actúa bajo criterios políticos y no técnicos, en lo referente a los análisis de los informes elaborados por la Auditoría Superior del Estado violando de manera flagrante la Ley, denunció la diputada del PRI, Elva Margarita Inzunza Valenzuela.
Consideró que el objetivo de este grupo parlamentaria es desprestigiar y debilitar a este organismo profesional y técnico, para nombrar a un nuevo auditor a modo, incondicional, que convenga a sus intereses, y regresar así a los tiempos en que se incentivaba el intercambio de favores partidistas a cambio de aprobar o no las cuentas públicas.
Señaló que la comisión que preside el diputado de Morena Marco Antonio Zazueta, adelanta juicios y supuestos sin sustento, convirtiéndose en una instancia acusadora, cuando por ley todos estos informes son preliminares y la ASE da un plazo hasta el 31 de octubre para que los entes señalados hagan las aclaraciones pertinentes.
“El caso de las cuentas públicas está siendo utilizado para tomar represalias en contra de los gobiernos municipal y estatal. Como obsesión, persiste un marcado deseo de revancha. Por eso, la Comisión de Fiscalización ha optado por rechazar absolutamente todos los informes con determinación técnica aprobatoria”, dijo.
La legisladora local del PRI consideró que Morena está promoviendo un retroceso en el poder legislativo, al no respetar el nuevo modelo de fiscalización de las cuentas públicas, que ahora se basa en criterios técnicos en concordancia con el sistema nacional y estatal anticorrupción.
“Morena está politizando un procedimiento que debería ser estrictamente de carácter técnico. En la Comisión de Fiscalización, se ha trabajado bajo consignas políticas y en función de intereses meramente partidistas”, puntualizó la legisladora.
Inzunza Valenzuela aclaró que frente a ello la fracción legislativa del PRI se sujetará estrictamente a lo que establece la Ley, sin actuar bajo consigna, y sin defender lo que no sea defendible.
“La posición de parte de nuestra bancada debe quedar totalmente clara: no vamos a solapar corrupciones, vengan de quien vengan. Partimos del principio de que quien violentó la Ley en el ejercicio de sus funciones públicas, debe asumir y pagar las consecuencias.
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