HERMOSILLO, Son.- La administración de Enrique Peña Nieto abrió una investigación contra el gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés y su hermano Miguel, por supuestamente recibir millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno, según documentos revisados por The Wall Street Journal (WSJ).
La investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) gira en torno a por lo menos 3.3 millones de dólares en pagos que presuntamente recibió Miguel Padrés, el hermano del mandatario sonorense.
Según la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el dinero supuestamente fue pagado por Mario Aguirre, un destacado empresario de Sonora que mantiene lazos con las firmas que ganaron licitaciones por un valor de alrededor de 20 millones de dólares al año para proveer uniformes escolares a los niños de las escuelas públicas del estado.
De acuerdo con el diario estadunidense, no está claro si se presentarán cargos formales en el caso. Un vocero de la Oficina de la Procuraduría declinó comentar. Padrés niega haber hecho algo impropio.
La investigación sobre las finanzas de Padrés y su hermano llegan en momentos en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en particular, y la clase política de México en general han sido sacudidos por escándalos de corrupción y conflictos de interés que han reducido drásticamente la popularidad del mandatario. Peña Nieto pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya reputación ha sido golpeada particularmente fuerte por los recientes escándalos, cita el WSJ.
Desde noviembre, Peña Nieto, su esposa y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han estado involucrados en escándalos de conflictos de interés en relación a las compras de casas de empresas que han ganado licitaciones multimillonarias con el gobierno. Todos han rechazado cualquier acto indebido.
El mes pasado, otro político destacado del PRI, el exgobernador del estado de Oaxaca, José Murat, se convirtió en el foco de acusaciones de actos indebidos después de que el diario New York Times informó que él y su familia habían adquirido media docena de propiedades en EE.UU., incluyendo un apartamento en la lujosa Times Warner Plaza en Nueva York. Murat niega cualquier delito.
En febrero, también, la policía mexicana detuvo a nueve personas estrechamente vinculadas a Ángel Aguirre, exgobernador del estado de Guerrero. Bajo presión política, Aguirre fue retirado de su cargo después de la desaparición y presunto asesinato en septiembre de 43 universitarios en Iguala, la tercera mayor ciudad de Guerrero, a manos de policías corruptos y narcotraficantes.
Las nueve personas que han sido arrestadas, incluyendo el hermano y sobrino del exgobernador, fueron acusadas de desviar alrededor de 19 millones de dólares de fondos del gobierno a sus cuentas personales. Los nueve dicen que son inocentes.
La investigación de la Secretaría de Hacienda sostiene que el hermano del gobernador de Sonora, Miguel Padrés, transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria de Estados Unidos que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente es el único beneficiario.
Miguel Padrés también depositó 522 mil dólares en otra cuenta estadunidense abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente él es el único beneficiado. En total, Padrés transfirió 8.9 millones de dólares de cuentas mexicanas a cuentas en bancos en la Unión Americana desde que su hermano subió a la gobernación en 2009, según la investigación.
“Realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, dice la investigación.
No hay explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas, según fuentes cercanas a la investigación.
La unidad de la Secretaría de Hacienda traspasó la pesquisa a las unidades de lavado de dinero y crimen organizado de la oficina de la Procuraduría General en noviembre.
Padrés, de 45 años, niega haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa. Dijo en una entrevista que negaba totalmente las acusaciones y desconoció la investigación.
El gobernador Padrés culpa de la investigación a oponentes políticos en el PRI. En junio, México realizará elecciones congresales. Al mismo tiempo, Sonora y otros ocho estados mexicanos elegirán nuevos gobernadores.
Padrés calificó las acusaciones como un ataque político, y dijo que el PRI estaba tratando de difamarlo debido a las elecciones.
La semana pasada, Padrés y su hermano Miguel y otros dos hermanos dieron a conocer lo que ellos dicen era una relación completa de sus activos y préstamos pendientes. En una conferencia de prensa, Padrés dijo que los cuatro hermanos tenían activos en conjunto por alrededor de 261.8 millones de pesos, la mayoría en propiedades y negocios heredados de sus padres. No hubo mención de las cuentas investigadas por la Secretaria de Hacienda.
En la conferencia de prensa, Miguel Padrés dijo que tenía una larga carrera en negocios internacionales, que incluye la venta de autos Volkswagen a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, la crianza del cotizado ganado wagyu, y la fabricación y venta de muebles. El hermano del gobernador declinó comentar sobre la investigación de la Secretaría de Hacienda.
Los analistas señalan que es difícil determinar cuándo una investigación tiene motivos de fiscalización o políticos.
En el pasado reciente de México, investigaciones de políticos de la oposición usualmente han sido filtradas a la prensa justo antes de elecciones. Muchas veces, estas pesquisas han sido reducidas o desestimadas, dice Jorge Chabat, un analista político del centro de estudios CIDE en Ciudad de México.
El riesgo es que muchas veces estas investigaciones tienen un impacto político, y que luego nada sucede, por lo que resultan en show políticos, dijo Chabat. Sin embargo, agregó, si Padrés tiene dinero que no debería, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de los partidos políticos es mantener ojos vigilantes en él.
No es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en una controversia. El año pasado, las autoridades de agua y medioambiente de México encontraron que el gobernador había construido ilegalmente una represa en su rancho en el estado árido de Sonora, lo multaron con unos 5.5 millones de pesos y le ordenaron que destruyera la represa. Pero una fuerte lluvia deshizo la represa antes de que fuera destruida. En una conferencia de prensa la semana pasada, Padrés dijo que pagaría la multa.
Aguirre, el empresario en el centro de las acusaciones, niega cualquier conocimiento de las dos empresas que ganaron los contratos para hacer uniformes. Pero según récords mercantiles revisados por el Wall Street Journal, era propietario de 50% de ambas compañías hasta que las vendió en 2009.
Según documentos de la Secretaría de Hacienda a los que tuvo acceso el diario, Aguirre sigue siendo el representante legal de ambas empresas, No. 1 Sonora Apparel SA de CV y Confección Industrial SA de CV. Confección Industrial también comparte la misma dirección que la empresa principal de Aguirre, Mina Group.
Aguirre dijo que había hecho negocios con Miguel Padrés por varios años, incluyendo la exportación de autos Volkswagen a Estados Unidos, pero que no podía recordar la razón de enviarle 3.3 millones de dólares a Padrés.
Información: Proceso
